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09 de marzo, 2018

ASNALA analiza una serie de cuestiones conflictivas referentes al proceso de la Seguridad Social que se enmarcan dentro de un documento elaborado por el grupo de trabajo de Seguridad Social de la asociación.

Los retrasos en los señalamientos a juicio en las demandas de impugnación de alta médica o incapacidad es uno de los asuntos controvertidos que criticamos puesto que tardan alrededor de un año, creando situaciones muy dramáticas porque hay ocasiones en las que el paciente fallece sin que se haya celebrado el juicio. Proponemos establecer mecanismos de reparto de los temas por los que el procedimiento se lleve exclusivamente en un juzgado que conozca la materia. Pero, sabemos que es un asunto que recala directamente en el Ministerio de Justicia al que le pedimos que se creen nuevas plazas judiciales.

Para evitar que un mismo accidente laboral acabe en distintos juzgados, proponemos la creación de una regla de reparto de asuntos para que todos los procedimientos que tengan como origen un mismo accidente de trabajo, vayan al mismo juez. De esta forma evitaríamos situaciones perjudiciales para la seguridad jurídica que da pie a que haya más litigiosidad y que se empleen más recursos. Cabe destacar que la ley reguladora de la jurisdicción social ya establece la posibilidad que tiene el demandante de pedir que lo vea el mismo juez, pero, sin embargo, no se usa.

En la misma línea, consideramos que hay una descoordinación entre la mutua y la seguridad social. Los procedimientos no son ágiles, se demoran y crean incertidumbre puesto que, mientras se gestiona la baja, la empresa no sabe si despedir o dar por dimitido al trabajador. Consideramos que el Instituto Nacional de Salud debería tomar un papel protagonista a la hora de gestionar las bajas médicas, en lugar de que lo hagan los servicios de atención primaria, para los que supone una carga burocrática.

Dentro del documento de trabajo de Seguridad Social de ASNALA también hacemos referencia a los descubiertos de cotización provocados porque la empresa deja de pagar la cotización al trabajador durante determinados periodos de tiempo sin que el empleado se haya dado cuenta. Pero la ley no contempla la posibilidad de que el trabajador vaya a un tribunal para que declare que la empresa dejó de pagar su seguridad social. De esta forma y para evitar situaciones dramáticas, sobre todo con las pensiones de jubilación, reclamamos que se permita un cambio legislativo para que los trabajadores, al percatarse de que la empresa ha dejado de pagar, puedan ir al juzgado a que obtengan una sentencia que declare que esa situación se ha dado.

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